En la puerta de la Comisaría 30, activistas y vecinos reclaman la libertad del reportero y de su vecino, presos por decisión de la jueza Karina Rodríguez, a quienes pretenden “mantener encerrados sin pruebas testimoniales ni riesgo procesal y sólo a partir de los dichos de efectivos de la fuerza de seguridad”, quienes a su vez están acusados por apremios ilegales y represión contra los habitantes de la villa.
El SiPreBA exige la liberación del fotógrafo de la Garganta Poderosa y de un vecino de la Villa 21, detenidos ilegalmente por la Prefectura Naval
En la puerta de la Comisaría 30, activistas y vecinos reclaman la libertad del reportero gráfico y de su vecino, presos por decisión del juzgado 29, a cargo de Karina Rodríguez, a quienes -según alertan los compañeros de la publicación- pretenden “mantener encerrados hasta que presten declaración, sin pruebas testimoniales ni riesgo procesal y sólo a partir de los dichos de efectivos de la fuerza de seguridad”, quienes a su vez están acusados por apremios ilegales y represión contra los habitantes de la villa.
Los vecinos denuncian que la decisión de la jueza es tiene como objetivo desviar la atención y provocarlos ya que, manifiestan “el problema que tenemos no está en la Comisaría sino en el barrio, debido a la impunidad con que los prefectos se manejan en la villa 21-24.
Asimismo, anticiparon que presentarán tantos elementos probatorios sobre el mal accionar de la Prefectura que la Justicia no podrán discutir otra cosa que las violaciones a las garantías constitucionales de los habitantes del asentamiento.
Un testimonio recolectado por el reportero gráfico Sebastián Miquel señala que “adujeron una supuesta persecución a dos menores a quienes, según testigos, los prefectos ‘verdugueaban‘ y subieron a palos a un interno de la línea 70 de colectivos, al que hicieron parar para bajarlos justo enfrente de la vivienda de Iván Navarro, en Iriarte al 3.500, frente a la casa de la Cultura, donde vive la familia que tiene que declarar esta semana en el primer juicio oral que se eleva contra la Prefectura Naval por las torturas a sus compañeros Iván y Ezequiel el 24 de septiembre 2016.”
“Frente a su casa bajaron con los dos menores y provocaron una trifulca golpeándolos para que los vecinos reaccionaran, cosa que no pasó, ya que interpelaron a los funcionarios para que dejaran de hostigar a los adolescentes”, prosigue el relato y añade que “la respuesta fue una represión injustificada con gases lacrimógenos y balas de goma que terminó baleando el frente de la casa de Iván, cuyo padre debe declarar el próximo viernes”. Cabe mencionar que el hecho sucede luego de que el viernes último, tras la declaración de Ezequiel, lo persiguieran diciéndole -“Ahí va el buchón, van a ver lo que te va a pasar”.
Lo que sucedió quedó más que claro ya que no solo balearon la casa de Iván sino que en la represión cerraron la reja del pasillo lindero, donde vive Roque, fotógrafo de La Garganta, y cuando la gente buscó ponerse a resguardo rompieron la puerta de su casa a patadas y entraron para seguir golpeando a los mismos jóvenes que estaban hostigando.
El testimonio revela que Pablo, compañero de la Garganta y cuñado de Roque, que vive en la misma casa junto con otra familia, cuando vio que provocaban pibes dentro de su propia casa intentó intervenir para que no los lastimen y los efectivos le pegaron. Y cuando quiso intervenir su compañera, Jéssica, militante de La Poderosa de la villa 21 y hermana de Roque, los prefectos la empezaron a manosear. Cuando Roque vio la escena atinó a buscar su cámara de fotos para registrar el hecho y también fue brutalmente agredido. De acuerdo con la declaración, los mantuvieron secuestrados durante horas en una casilla, lapso durante el cual los golpearon en forma salvaje y todavía siguen detenidos. Mientras esto sucedía, a la hermana de Roque la hicieron pasear por la villa durante 80 minutos. Dijeron que la llevaban a la Comisaría 30, pero nunca llegó.
Los vecinos evalúan que se trata de una provocación porque la Prefectura quiere desviar la atención sobre lo que es realmente grave, que es la problemática que debe soportar el barrio día tras día.
Anticiparon que el viernes una caravana conformada por vecinos, vecinas, movimientos populares, curas y maestras y maestros villeros marcharán a las 8 de la mañana desde la puerta de la casa de Iván a acompañar a la familia que va a ir a declarar porque en la causa de Iván y Ezequiel se juega la visibilidad de todos estos casos que estérilmente denuncian todos los días.
Y aclararon que si hoy no hay tumultos en la puerta de la Comisaría es porque ya aprendieron que lo que quieren las fuerzas de seguridad es correr el eje de lo que realmente sucede.
El testimonio recogido por la Garganta Poderosa señaló: “A quienes torturaron a Iván y a Ezequiel, diciéndoles que griten porque nadie los iba a escuchar, los sentamos en el banquillo de los acusados y están ahora procesados con prisión preventiva. A los que el sábado llevaron adelante este operativo ilegal también los vamos a sentar en el banquillo. Pero en algún momento nos tenemos que poner a pensar cuándo van a estar en el banquillo de los acusados los responsables políticos de que estas prácticas sucedan de manera sistemática adentro de nuestros barrios”, remarcó.
Los datos son contundentes: el control popular denunció más de 1.000 casos de torturas y apremios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad en un mes. Y tan solo en la villa 21-24, entre abril y mayo, seis casos de torturas, anteriores a esta, que repiten prácticas sistemáticas desde golpizas aberrantes y prácticas humillantes como obligarlos cantar una canción con un revólver en la cabeza, o someterlos durante horas arrodillados bajo la lluvia, hasta el “levanta-muertos”, que es la nueva técnica: gas pimienta en los ojos de los chicos adolescentes maniatados para que se retuerzan en el piso.
Los activistas aseveran que “esa es la realidad que se está viviendo en los barrios y eso es lo que tenemos que discutir y no la Comisaría, que ya tiene que liberar a nuestros compañeros. Es responsabilidad del juzgado 29, de Karina Rodríguez, que nuestros compañeros recuperen la libertad de manera inmediata”.
Y fundamentan: “no existen pruebas testimoniales, porque no hay riesgo procesal, porque no secuestraron ningún elemento del supuesto delito, porque los médicos legistas no registraron lesiones en sus prefectos y sí las registraron en nuestros compañeros, y porque la única arma que está secuestrada es la oficial de la Prefectura Naval Argentina con la que dispararon en la fachada de la casa donde vive Iván Navarro y su familia, que esta semana tiene que declarar por la denuncia de tortura de esta misma fuerza de seguridad en el mismo barrio”.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires exigimos el cese de las persecuciones policiales a vecinos, activistas y trabajadoras y trabajadores de Prensa de las villas y ratificamos el compromiso con nuestras compañeras y compañeros de los medios autogestivos, alternativos y populares.
