En fecha reciente, ante un pedido de la propia empresa, el Secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, dictó una resolución señalando que el CCT nº 222/97 “E” no tiene actualmente vigencia. Se trata de formalizar lo que Hernán Lombardi ya aplica en los hechos desde enero de 2018 y contra lo que los trabajadores venimos reclamando a través de acciones legales, gremiales y políticas.
Más allá de lo inusual de que luego de más de 21 años se solicite una declaración de “no vigencia”, respecto de un acuerdo que la empresa ha venido cumpliendo de manera pacífica y sostenida hasta enero de 2018 (inclusive durante dos años con la actual administración), lo cierto es que dicha declaración no tiene ninguna eficacia ni efecto respecto de los derechos de los trabajadores de prensa de RTA-Canal 7.
Como bien lo expresa la resolución de la Secretaría de Trabajo, rige y está vigente el CCT 124/75, con lo cual aquellos derechos que la empresa viola, como el pago del art. 71 de dicha norma convencional, se encuentran al amparo de tal convenio colectivo y ello implica un reconocimiento del incumplimiento. Otros de los reclamos, como las diferencias salariales conforme la extensión de jornada están previstos en un acuerdo del año 2003 y, a la vez, conforme la práctica reiterada en su reconocimiento, ha quedado incorporado dicho derecho al contrato de cada uno de los trabajadores que lo han venido percibiendo ininterrumpidamente hasta el mes de enero de 2018. En consecuencia, ningún efecto tiene lo que se ha señalado, tardíamente, por parte de la Secretaría de Trabajo.
Mientras el ministerio de trabajo nunca acusó recibo de las reiteradas denuncias que el Sindicato de Prensa de Bs. As. realizó desde julio de 2018 hasta la fecha por conflictos colectivos en la TV Pública (por compañeros contratados de manera irregular, incumplimientos en los pagos y de acuerdos paritarios, rebajas salariales, ingresos irregulares por fuera de la ley de servicios de comunicación audiovisual, entre otros), dicta una resolución contra los periodistas del canal a pedido de la gestión que encabezan Hernán Lombardi, Emilio Lafferriere y Néstor Sclauzero.
Con esta resolución a medida, Lombardi pretende obtener impunidad judicial a posteriori para las decisiones ilegales y confiscatorias que viene tomando con la expresa intención de debilitar el justo reclamo de los trabajadores y poder así vaciar sin interferencias los medios públicos a su cargo, favoreciendo negocios privados de amigos y productoras afines. Pero su política arbitraria y persecutoria ya obtuvo varios reveses en la justicia: fueron reincorporados los trabajadores de Telam tras cuatro meses de paro y permanencia, fue restituido el salario rebajado de nuestro Secretario Adjunto Carlos Saglul, delegado de Radio Nacional, y fue reintegrada a su puesto de trabajo la delegada de APJ en la TV Pública, Cecilia Bachetta. En el mismo sentido presurosamente presentaron la resolución del Secretario de Trabajo que mencionamos en uno de los expedientes en que se reclaman las diferencias salariales y el Juzgado de Trabajo actuante, nro. 20, rechazó su planteo por improcedente.
Los trabajadores continuaremos defendiendo nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance, porque es la única manera de defender el carácter público de los medios que Lombardi ataca y es, en definitiva, la forma de defender la información pública como un derecho de toda la ciudadanía.
