¿Cuál es el rol de los medios de comunicación ante las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer lxs trabajadorxs de prensa para visibilizar la represión y evitar la impunidad? Estos son algunos de los interrogantes que nos preocupan desde la Secretaría de Derechos Humanos del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires). Este viernes 2 de septiembre a las 20:00, en Infonews recuperado por sus trabajadores/as, realizaremos una charla debate de la que participarán María del Carmen Verdú (Correpi), Claudio Mardones (delegado y síndico titular de la cooperativa Tiempo Argentino), Carlos Rodríguez (delegado de Página 12), Guido Molteni (delegado de La Nación) y Ezequiel Torres (presidente de ARGRA).
¿Cuál es el rol de los medios de comunicación ante las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer lxs trabajadorxs de prensa para visibilizar la represión y evitar la impunidad? Estos son algunos de los interrogantes que nos preocupan desde la Secretaría de Derechos Humanos del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires). Este viernes 2 de septiembre a las 20:00, en Infonews recuperado por sus trabajadores/as, realizaremos una charla debate de la que participarán María del Carmen Verdú (Correpi), Claudio Mardones (delegado y síndico titular de la cooperativa Tiempo Argentino), Carlos Rodríguez (delegado de Página 12), Guido Molteni (delegado de La Nación) y Ezequiel Torres (presidente de ARGRA). La oportunidad será propicia para que los compañeros y compañeras de Infonews cuenten sobre su lucha y la amenaza de desalojo de la redacción que enfrentan.
Consideramos que la cobertura mediática juega un rol muy importante, ya sea en la legitimación o en la denuncia de la violencia policial e institucional. No nos cansamos de repetirlo: no son “incidentes”, es represión. Y no se trató de una “guerra sucia”, fue terrorismo de Estado.
En los últimos meses, al ritmo del ajuste y de los tarifazos, tanto el ejecutivo nacional como los provinciales han desplegado una política hostil al respecto de los derechos humanos. Y la campaña mediática en marcha que busca instalar la idea de que existe una conspiración destituyente no es más que una máscara para perseguir a luchadorxs sociales. Asimismo, las declaraciones del presidente Mauricio Macri con las que relativizó el horror causado por la última dictadura cívico militar son la antesala de un intento de propiciar la impunidad para los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, así como para garantizarles prisión domiciliaria y evitar que los responsables civiles sean juzgados.
Ni bien asumió Macri, La Nación le marcó la línea con un editorial donde planteaba impunidad para los represores. Fueron los propios trabajadores de prensa del diario quienes a través de su comisión interna y de su Asamblea –con el apoyo de SiPreBA– expresaron un histórico rechazo a la postura editorial. La foto de centenares de trabajadorxs repudiando la impunidad, planteando “nunca más” y memoria, verdad y justicia dio la vuelta al mundo, generando incluso que el propio diario se viera obligado a publicar la visión de los trabajadores en la edición impresa.
Luego vino el “Protocolo de actuación para manifestaciones” pergeñado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que denunciamos oportunamente en una Audiencia que convocamos en el Congreso de la Nación junto a la FATPREN, sindicatos del interior, medios comunitarios, organismos de derechos humanos y diputados. No sólo es un protocolo “antipiquete”, priorizando la represión por sobre la atención a las demandas sociales, sino que es “antiprensa”. A la par de dar carta blanca a que las fuerzas de seguridad se ensañen contra lxs manifestantes, procura otorgar un manto de impunidad al atentar contra la libertad de expresión, pues lo que también busca es el limitar la labor de la prensa.
En estos últimos meses se produjeron una serie de hechos muy preocupantes. La represión a los trabajadores de Cresta Roja fue el “debut” del nuevo gobierno. La zona liberada con la que patotas atacaron a lxs trabajadorxs de Tiempo Argentino y Radio América fue también sufrida por los estatales y docentes en Tierra del Fuego. En la provincia austral se sumó la judicialización de dirigentes sindicales del SUTEF. La misma persecución que sufrieron los trabajadores del SEOM y Milagro Sala en Jujuy, que todavía se encuentra detenida. O los 7 referentes barriales del FPDS de Cipolletti, Río Negro, judicializados por pedir pan y trabajo. A esto hay que agregarle el caso del dirigente del MTR Chacho Berrospe en Mar del Plata, acusado por tomar medidas de lucha. Y la persecución contra Hebe de Bonafini, que incluyó un desmesurado operativo policial justo el día que se hace la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, es más que simbólica.
En Salta, recientemente los trabajadores del Ingenio el Tabacal sufrieron una brutal represión con bala de plomo en un operativo coordinado por gendarmería, policía provincial y la seguridad privada de la multinacional Seaboard Corporation. En el Ingenio Ledesma los trabajadores del azúcar del SOEAIL sufrieron también una gravísima represión, que incluyo detenciones y una multa al sindicato, lo que muestra el poder que todavía tienen los Blaquier, acusados de crímenes de lesa humanidad. Los estatales fueron reprimidos en Santa Cruz y en provincia de Buenos Aires. En esta última provincia también fueros víctimas de la violencia policial los trabajadores de la recuperada RB así como los desocupados de la CTD Aníbal Verón. En el Puente Pueyrredón los jubilados de la CCC fueron atacados con carros hidrantes de la policía Bonaerense.
Esta escalada represiva se complementa con el aumento exponencial de las detenciones arbitrarias, como viene siendo denunciado por la CORREPI y recientemente también por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires.
Ante este panorama, nos proponemos informarnos, debatir y actuar como trabajadores y trabajadoras de prensa organizados con un decidido compromiso con los derechos humanos y en contra de la violencia policial e institucional.
