EL CASO DEL DIARIO LA NUEVA PROVINCIA, DE BAHÍA BLANCA
Cuarenta años de impunidad
La reciente falta de mérito dictada al patrón de medios y célebre apologista de la tortura Vicente Massot, expresa la resistencia del Poder Judicial a juzgar —aún hoy— a los cómplices civiles y el rol de la prensa durante la dictadura.
Por Diego Martínez
“Más que hablar de guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la patria (…) Nuestro deber, pues, se corresponde con el de las Fuerzas Armadas en toda la línea de combate”. La frase forma parte de un editorial de La Nueva Provincia de fines de 1977 y encabezó la acusación del Ministerio Público Fiscal al empresario Vicente Massot, dueño y director del diario de Bahía Blanca. “La creación de un enemigo que estaba en guerra con la Patria” fue el elemento central de la estrategia de justificación del genocidio, recordaron los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia.
En 2012, al dictar la primera sentencia a represores locales, el tribunal oral bahiense ordenó investigar a los Massot por su “campaña de desinformación y propaganda negra” para “imponer la versión de los victimarios” y crear “un estado de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de una violencia irracional”. Los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que asumieron como subrogantes por la falta de garantías de sus pares locales, recordaron que el general Acdel Vilas aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar y señalaron que la actuación de la familia Massot “no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”.
En abril de 2013 los fiscales acusaron a Massot como coautor de los secuestros, torturas y asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, que lo tuvieron de interlocutor en sus últimos meses de vida, y por “el ejercicio de funciones de acción psicológica” diagramadas por el Destacamento de Inteligencia 181, al que pertenecían los interrogadores del centro clandestino La Escuelita.
La acusación incluía a su mamá Diana Julio de Massot y a su hermano Federico, entonces directora y vice del diario ¬ambos fallecidos¬, y al ex jefe de redacción Mario Gabrielli, quien murió poco después. Los fiscales pidieron la detención e indagatoria de Massot y destacaron la “participación criminal concreta y específica” de los directivos de La Nueva Provincia disfrazada “bajo el ropaje de la actividad periodística”.
Massot es socio de la empresa desde 1974, cuando tenía 22 años y militaba en el nacionalismo católico. En 1973, días antes del ascenso de Héctor Cámpora, publicó como secretario de redacción el primer número de la revista Cabildo, donde haría pública su admiración por el fascismo. Por entonces comenzó a tener incidencia en los editoriales de La Nueva Provincia, que reclamó a las Fuerzas Armadas impedir el ascenso del gobierno peronista y luego derrocarlo. “El nacionalismo ultrafascistoide le brotó a LNP cuando uno de sus nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el periodismo”, informó en 1974 la revista Militancia, que dirigían Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde.
Los hechos que lo involucran directamente comienzan en 1975, cuando los editoriales criminalizaban a delegados y activistas gremiales. En septiembre su ma-má le encomendó “todo trato con el personal”, misión que quedó documentada en actas ante escribano. Mientras los gráficos encabezaban los reclamos para que la empresa respetara el convenio colectivo de trabajo, exigencia que llegó a contar con el respaldo activo de los cinco gremios a los que pertenecían los trabajadores del diario, el Canal 9 y la radio LU2, un editorial anunció que “LNP se encuentra en guerra” y en otro se presentó como víctima de “la infiltración más radicalizada”.
Por esos meses (el primer borrador data de diciembre), la sección informaciones de Prefectura local elaboró una investigación titulada “Guerrilla sindical” en LNP, que concluyó con una lista de “personal a ser raleado”. La encabezaban Heinrich y Loyola, e incluía las direcciones donde los secuestraron. Dos días antes del golpe de Estado se elaboró el informe definitivo, y el 24 de marzo de 1976 madre e hijo pasearon por la rotativa con una bandera argentina, provocando a los gráficos: “¿A que no se animan a hacer paro ahora?”. Cuando aparecieron los cadáveres masacrados y con signos de tortura, LNP dio la noticia en veinte líneas bajo el título “Son investigados dos homicidios”.
Massot acaba de beneficiarse con una “falta de mérito” dictada por la Cámara Federal de Bahía Blanca. El proceso (detallado en los últimos años en bahiagris.blogspot.com) al empresario y célebre apologista de la tortura, cara visible de un diario que es ícono insuperable entre los medios que apoyaron abiertamente al terrorismo de Estado, pone de manifiesto la dificultad para avanzar en la investigación y el juzgamiento de los partícipes civiles de la dictadura, la ostensible resistencia del Poder Judicial y la permanencia en sus entrañas de operadores al servicio de la impunidad.
