El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, dictó la nulidad de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la cual el gobierno de Javier Milei instaló el llamado protocolo antipiquetes con el único objetivo de restringir el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Con esta sentencia, el juez le puso un límite al Poder Ejecutivo que legisló pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial.
Desde Sipreba y Fatpren nos presentamos en el amparo colectivo que inició el CELS y al que se sumaron luego otras organizaciones de derechos humanos y sindicales. Planteamos que el protocolo era inconstitucional y que, bajo el argumento de ordenar el tránsito, era la excusa para reprimir a quienes ejercen su derecho a manifestarse pero también a quienes hacemos nuestro trabajo de prensa cubriendo cada protesta en la calle.
Y así fue. Desde las primeras protestas contra la Ley Ómnibus, de fines de enero e inicios de febrero de 2024, en las que periodistas, fotorreporteros, cronistas, camarógrafos se convirtieron en blancos de las fuerzas de seguridad. Tan solo entre el 31 de enero y el 1 de febrero contabilizamos al menos 50 trabajadores y trabajadoras de prensa heridos con balas de goma y gas pimienta. También fuimos a la justicia penal por esto.
Luego, en la represión del miércoles 12 de marzo, el fotógrafo Pablo Grillo fue impactado por el disparo de una pistola lanza gases, gatillada directo al cuerpo por el gendarme Héctor Guerrero, lo que le provocó una fractura de cráneo por la que aún, nueve meses después, se sigue recuperando. Ese día, otras veinte compañeras y compañeros de prensa fueron heridos mientras realizaban su trabajo.
La sentencia señala claramente que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich hasta hace apenas unos días, se excedió a tal nivel que llegó a modificar el Código Penal y las leyes orgánicas de las polícías, afectando derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos por el Poder Ejecutivo.
El protocolo fue una de las tantas y diversas herramientas que utilizó y utiliza el gobierno de Milei para silenciar, disciplinar, hostigar y restringir, de manera sistemática y planificada, la libertad de expresión y de prensa. No lo permitiremos.
