El martes 2/12 se presentó el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por la senadora María Carolina Moisés. Estuvieron a cargo de la presentación Zuliana Lainez, vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Carla Gaudensi, secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), secretaria de Géneros de la CGT y secretaria Adjunta de nuestro sindicato.
El documento destaca que la cantidad de periodistas, trabajadores de prensa y fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% respecto a 2024. “Al mismo tiempo, la persecución judicial a comunicadores, la obstaculización del trabajo periodístico y el hostigamiento en redes sociales, prácticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo ya desde el año anterior, se consolidaron durante 2025 como estrategias privilegiadas para intentar silenciar y disciplinar las voces disidentes”, señala el texto.
“Los datos muestran una tendencia a la criminalización del periodismo crítico y la utilización de figuras legales, como resistencia a la autoridad, para detener y hostigar a quienes documentan y difunden los abusos estatales durante las protestas sociales”, añade el relevamiento que elaboramos junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con el apoyo de Democracy at Work.
Los datos registrados a partir de las denuncias que recopilamos desde SiPreBA y FATPREN -que fueron parte de la reciente exposición ante la CIDH– muestran que a fines de octubre de 2025 hubo un total de 83 periodistas víctimas de represión mientras registraban protestas. Solo en la marcha del 12 de marzo, cuando fue herido Pablo Grillo, “hubo al menos 20 casos documentados de violencia policial hacia periodistas, incluyendo intoxicaciones por gases, impactos de balas de goma, golpes y vejámenes. Este dato muestra un incremento notable (66%) respecto de los ya alarmantes 50 casos documentados en 2024”, detalla el informe. “Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia”, concluye.
Esta segunda edición expone cómo se profundizó una matriz de políticas regresivas que afecta la libertad de expresión y el pluralismo informativo en nuestro país.
Durante la presentación expusieron también Jorge Sola, co-secretario general de la CGT, Ari Lijalad, Julia Mengolini, Angela Lerena, secretaria de relaciones sindicales de SiPreBA, Sebastián Vricella, presidente de ARGRA, Diego Morales del CELS y Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA.
