Patotas digitales, doxeo a periodistas, ataques furibundos desde los más alto del Poder Ejecutivo ante la difusión de cualquier noticia que contradiga el relato oficial y una creciente restricción al acceso a información pública. Esos son algunos de los ejes del informe “Libertad de expresión en la Argentina 2024”, que se presentó este lunes 9 de diciembre y analiza el primer año del gobierno de Javier Milei. Un balance que incluye la represión a trabajadores de prensa que realizaban coberturas de movilizaciones, el desguace y vaciamiento de medios públicos y el ataque a empresas periodísticas. Todo eso detalla el trabajo elaborado por la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
“Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento a diversos periodistas no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ‘patotas digitales’. Este fenómeno se reveló a lo largo de 2024 como una estrategia desplegada de manera sistemática por el actual gobierno”, indica el informe.
En la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), el trabajo lo presentaron la directora de la Carrera de Comunicación de la UBA, Larisa Kejval; la secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi; el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi; y el vicedecano de la UBA, Diego de Charras, junto con Luis María Lozano, quien estuvo a cargo de la redacción y producción del informe. También estuvieron Fabian Waldman (FM La Patriada), Sebastián Vricella (ARGRA), Claudia Acuña (Periodistas Argentinas) y Juan Delú (FARCO), quienes dieron testimonio de los ataques contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos como política de gobierno.
“Tener registrado lo que vivimos en la prensa y en la comunicación en nuestro país durante el último año es fundamental para el presente y el futuro. Nos permite señalar y denunciar responsabilidades estatales y paraestatales. Y a su vez nos marca el escenario urgente en el que tenemos que seguir organizándonos, con unidad entre sectores, para poner un freno a estas gravísimas situaciones”, sostuvo Carla Gaudensi.
El documento está estructurado en dos grandes secciones: la primera aborda el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo; la segunda pone el foco en las retracciones en materia de políticas públicas y el rol del Estado en la comunicación, que incluye la habilitación y fomento de deterioro de las condiciones laborales de quienes trabajan de prensa. También analiza e incluye el ataque a las empresas periodísticas como unidades productivas y generadoras de empleo.
“En nombre de esta supuesta ‘batalla cultural’, el Gobierno y sus socios económicos han avanzado a lo largo del primer año de mandato en una serie de iniciativas concretas cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos. El vaciamiento y los intentos de cierre de medios de comunicación y organismos públicos vinculados con la comunicación y la cultura han sido una constante desde las primeras semanas de gestión”, señala el trabajo.
Al analizar el impacto del doxeo que consiste en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo, el informe retoma el trabajo “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, que presentó Periodistas Argentinas en septiembre. “Un dato preocupante es que 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo”, indica el relevamiento.
La presentación estuvo acompañada por la participación de diversidad de referentes políticos, gremiales y académicos, como Cristian Castillo y Vanina Biasi, diputados nacionales; Juan Pablo Morandelli, Juan Manuel Valdés y Gabriel Solano, legisladores de CABA; Maria Ana Mandakovic, dirigenta de CTA, FATPREN y Cispren; Damián Loreti y Diego Morales, del CELS; Diego Rossi, docente y asesor del diputado Pablo Carro; Miriam Lewin, ex defensora del Público; Daniel Escribano, de la UNDAV; Yair Cybel, de la Red de Medios Digitales y Luis Lázaro; de la Coalición por una Comunicación Democrática; entre otras y otros.
“Creemos que este trabajo es clave para precisar cada uno de los ataques y los patrones de los que están siendo víctimas los compañeros y las compañeras, que a su vez afectan el derecho a la información de toda la sociedad argentina”, expresó también, a través de un video, Zuliana Lainez, vicepresidenta de la FIP.
Como cierre, quienes elaboraron el informe reivindicaron ese compromiso: “Somos los trabajadores y las trabajadores de la prensa y de la comunicación quienes tenemos que defender la información. Vamos a continuar con el trabajo conjunto y documentando las restricciones al derecho a la comunicación, porque consideramos que es una herramienta clave para testimoniar y accionar en tiempos de creciente autoritarismo y silenciamiento de las voces críticas”.
