Este miércoles 20/12 por la noche, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que pretende entregar la soberanía nacional y representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones. Desde el SiPreBA vamos a defender los derechos laborales de todo el gremio de prensa, los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional. Y, decimos, bien fuerte, SÍ al rol social de los medios públicos y NO a las sociedades anónimas
El DNU 70/2023 establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas. Esta disposición, en lo que respecta a Agencia Télam, Radio y Televisión Argentina (Radio Nacional y Televisión Pública) y Contenidos Públicos, no tiene validez jurídica por diversas razones: de manera general, porque no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente y las propias declaraciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso; también, porque expresamente la Ley 20.705 estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus; y, en particular, respecto de RTA por cuanto la Ley 26.522 establece su régimen jurídico.
En consecuencia, no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable.
En ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad.
Por último, ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del PBI.
Desde el SiPreBA sostenemos que esta decisión tiene un carácter ideológico, político y simbólico, con el que La Libertad Avanza pretende arrogarse una supuesta política de reducción del Estado y evitar discutir los verdaderos problemas que tiene nuestro país: la desigual distribución del ingreso, que produce grandes niveles de pobreza y en los próximos meses crecerá, como nunca en nuestra historia, en consecuencia de las políticas económicas de este mismo gobierno.
Además de ilegal e ilegítima, esta decisión ataca el derecho a la información que garantizan los medios públicos en todas las sociedades democráticas, en distintos lugares del mundo, bajo gobiernos de los más diversos signos políticos. Por lo tanto, representaría un retroceso para nuestro país en materia de derechos a 40 años de democracia.
Los medios públicos garantizan libertad de expresión, pluralidad y diversidad de voces en la agenda mediática, acceso a temas de interés público de manera gratuita, federalismo y son una herramienta para nivelar la concentración que existe en el ecosistema de medios de la República Argentina. Por eso vamos a defenderlos, con su carácter actual, como sociedades del Estado, y realizaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance, en unidad con todos los sindicatos de la comunicación y del Estado, así como junto a todos los sectores de la sociedad que defienden la libertad de expresión y la democracia.
Del mismo modo, frente a las reformas laborales que incluye el DNU y pretenden avasallar los derechos colectivos, desde el SiPreBA, nos mantendremos en estado de alerta en todo el gremio, para organizarnos en conjunto con todo el movimiento de trabajadoras y trabajadores.
Con participación, organización, unidad y lucha: defenderemos los derechos laborales que hemos construido histórica y democráticamente.
