A través del decreto 780/2024 publicado en el Boletín Oficial el lunes 2/9, el gobierno de Javier Milei incorporó excepciones restrictivas a la reglamentación de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. En contra del espíritu original de la ley, esta reforma limita la definición de “información pública” y establece un criterio discrecional para considerar qué es información “secreta”. Es decir, atenta contra la transparencia en la gestión pública.
Desde FATPREN y los sindicatos de adheridos, alertamos sobre el impacto que esta medida puede tener sobre la comunicación y la prensa, porque restringe el acceso al derecho a la información y cercena parte de la tarea periodística de investigación y difusión, achicando, una vez más, la libertad de expresión. Nos preocupa que esta reglamentación esté alineada con una serie de decisiones políticas del gobierno nacional que buscan controlar y oscurecer la información sobre las acciones y los actos del gobierno. Porque esta medida se suma a la discrecionalidad en las transmisiones y acreditaciones en actos oficiales, a la censura y el intento de vaciamiento en los medios públicos, a los agravios públicos contra periodistas que difunden información sobre el Presidente u opinan en disenso al gobierno y, también, a la represión contra trabajadores/as de prensa durante las movilizaciones en contra de Ley Bases, el ajuste y los recortes de derechos, entre otras.
Fue una respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecha por una investigación periodística la que reveló que el Ministerio de Capital Humano tenía toneladas de alimentos sin distribuir en un país donde la mitad de la población es pobre y un millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer. Por eso, como representantes de quienes ejercen el periodismo, oficio que defendemos como fundamental para la democracia, nos alarma que todo esto tenga como objetivo impedir que se conozca información que podría poner en jaque el discurso oficial y garantizar la opacidad del accionar del gobierno.
