La libertad de prensa está en riesgo ante la masiva pérdida de puestos de trabajo que venimos padeciendo desde diciembre de 2015.
A los por lo menos 4000 empleos que se perdieron en todo el país hay que sumarle la incertidumbre, la pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral que sufren quienes aun mantienen sus puestos de trabajo o de quienes son trabajadores eventuales. En un panorama donde abundan los despidos, retiros “voluntarios” y el cierre de medios se ve afectada la pluralidad. Los medios comunitarios y autogestivos son discriminados. En el día de ayer, 2 de mayo, en todo el país se realizaron protestas para denunciar el recorte al fomento de medios comunitarios, indígenas y de frontera (FoMeCA) que asciende a más de 1.000 millones de pesos y para exigir que se incluyan en la grilla de cable a los canales comunitarios, que cese la persecución y decomiso de radios comunitarias y que se los incluya en el reparto de la pauta publicitaria.
A la pésima situación laboral se le agrega que la principal fuente de las agresiones físicas que sufrimos los trabajadores de prensa en la Argentina proviene de las fuerzas policiales. A lo largo del actual gobierno al menos 57 trabajadores de prensas recibieron perdigonazos mientras estaban trabajando, mientras 24 fueron detenidos, y varios de ellos procesados con cargos falsos. Nuestro Sindicato ha sufrido de la violencia policial cuando se movilizaba en defensa de los medios públicos, frente al CCK, el 20 de diciembre pasado.
Sin lugar a dudas, en materia de libertad de prensa, en la Argentina se vive la peor situación desde el retorno de la democracia, en 1983. La política de deliberada destrucción de los medios públicos que promueve el gobierno nacional, su inacción favorable siempre a las patronales en la Secretaria de Trabajo son caras de una misma moneda: el brutal achique y ajuste de los medios de comunicación.
Una imagen de la situación de la libertad de expresión en nuestro país es el conflicto por los despidos en Clarín. La decisión empresarial de despedir a 65 compañeros/as fue acompañada por un operativo policial totalmente desproporcionado e intimidatorio, que incluyó un vallado con doble puerta, propio de una zona de guerra.
La noticia de esta lucha fue censurada en medios como en Página 12 y en la agencia Télam. En ambas empresas la Asamblea repudió la falta de cobertura de un conflicto que sin lugar dudas tiene trascendencia periodística.
En julio de 2016 el presidente Mauricio Macri trató de “usurpadores” a los trabajadores de Tiempo Argentino, cuando junto con sus compañeros de Radio América acababan de ser atacados por una patota que actuó en connivencia con la policía.
El reciente procesamiento de Mariano Martínez Rojas, de un comisario de la Federal y de quince integrantes de la patota, obtenido por la consecuente labor de la abogada María del Carmen Verdú, se inscribe como un gran logro, fruto de la lucha de los compañeros de la cooperativa y de todo el gremio.
Porque somos los y las trabajadoras los principales garantes de la Libertad de Prensa.
