Denunciamos que el objetivo es impulsar una mayor concentración en las empresas de comunicación cuyo insumo es el papel ya que dos de ellas, las más importantes de la Argentina, Clarín y La Nación, son accionistas de Papel Prensa, la firma sobre la que se aplica esta regulación legal.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresa su rechazo al proyecto de ley 7073-D-2018 presentado por diputados del oficialismo junto con los diputados Diego Bossio y Marco Lavagna la semana pasada.
La iniciativa pretende derogar ocho artículos de la ley 26.736, que en 2011 estableció un marco regulatorio para la venta de papel para diarios al declarar de interes público la fabricación, comercialización y distribución de celulosa, y establecer un precio único de venta.
Denunciamos que el objetivo del proyecto de ley es impulsar una mayor concentración en las empresas de comunicación cuyo insumo es el papel ya que dos de ellas, que justamente son las más importantes de la Argentina, Clarín y La Nación, son accionistas de Papel Prensa, la firma sobre la que se aplica esta regulación legal.
Este objetivo queda claro a la luz de un dato: bajo el imperio de esta ley “reguladora”, Papel Prensa tuvo total libertad de establecer un precio “único” confiscatorio para sus clientes: de acuerdo con una denuncia del diario cooperativo Tiempo Argentino, al 9 de septiembre pasado, la empresa había aumentado en ocho ocasiones sus precios, encareciéndolos un 110% por encima de los que tenían en enero. En ese período, el dólar subió un 108%.
La aplicación de la ley de “regulación” tampoco ha impedido la existencia de bolseros de papel que venden por encima del “precio único” de Papel Prensa en una suerte de mercado negro organizado por la propia empresa. Es más, abundan las denuncias de que tal precio único no existe y que las empresas editoras de diarios vinculadas a Clarín y La Nación lo pagan más barato que el resto.
Papel Prensa se ha manejado a su antojo durante la vigencia de la ley reguladora, en beneficio de sus accionistas. Esto con la complicidad de los poderes del Estado ya que, de un lado, nunca se conformó la Comisión bicameral del Congreso que debería hacer el seguimiento de la regulación, mientras que del otro, el Poder Ejecutivo mantiene su presencia en el directorio ya que posee poco más del 27% de las acciones.
Pero también ha contado con la connivencia del resto de las empresas editoras de diarios que deberían haber participado de una comisión federal asesora con poderes de control y planificación de la producción. No se conoce ni un informe de esa comisión.
El proyecto apunta a hacer más apetecible la empresa para inversores del exterior, al eliminar los aspectos de regulación que tiene la ley. En ese sentido, completa el trabajo iniciado con la reforma de los Estatutos de Papel Prensa, en abril pasado, que diluyó la presencia estatal y facilitó la incorporación de capital privado.
El SiPreBA plantea su desacuerdo con los cambios a la Ley 26.736 que favorece la concentración mediática y la reducción de medios, voces y puestos de trabajo.
