El discurso de campaña queda desmentido por la realidad que está en las entrañas del monstruo neoliberal que se expresa en los actos normativos del gobierno.
Un decreto de necesidad, de las ART, y de urgencia en desconocer derechos legales de los trabajadores.
El DNU 669/2019 deroga la ley 27348, que incorporó como método de calculo del Ingreso Base Mensual, con que se calculan las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, una tasa de interés acorde con el proceso de desvalorización de la moneda (la tasa activa). La reemplaza por el RIPTE (índice de remuneraciones) con lo cual se convalida el ajuste salarial que viene aconteciendo en relación a las remuneraciones de los trabajadores, ahora también respecto de las indemnizaciones por incapacidad laboral.
Si bien la parte resolutiva del decreto debería tener nula aplicación, siendo nulo el decreto por su manifiesta inconstitucionalidad, sus considerandos son una brutal expresión del sentido y fundamento último de este gobierno. Así se reconoce el impulso desactivador de derechos operado con las últimas reformas que este mismo gobierno realizó al sistema, instrumentado a través de acuerdos “conciliatorios” que no son más que pérdida de parte de la indemnización, pero que con la tasa de interés resultante del caos macroeconómico provocado por el macrismo, se hacen muy “gravosos”.
Por lo tanto, si bien a los que se suben a la bicicleta financiera se les puede reconocer tasas cercanas al 90%, ello no puede ocurrir con los trabajadores accidentados y, puestos a elegir, el presidente Macri se decide por el “rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora”, del orden del 42%. La diferencia, como es esperable, contra los trabajadores.
En consecuencia entre el “desequilibrio sistémico” para las aseguradoras, y el “desorden” para la vida de los trabajadores (muertos por accidentes como los que sufrieron recientemente los trabajadores subcontratados por empresas con contratos para amigos del gobierno, incapacitados totalmente, con daños definitivos, etc.,) el gobierno decide hoy, como ha venido sucediendo, por las empresas.
Para el DNU aplicar una tasa de interés que mantenga el valor de las indemnizaciones supone “incrementos desmedidos”, “generando distorsiones y desigualdad de tratamiento” entre trabajadores.
El sistema constitucional vigente manda asegurar preferente tutela a los trabajadores (SCJN caso Vizotti). El mundo al revés del gobierno Macri da preferente atención a las aseguradoras privadas cuyo lucro se incrementa a razón del menor pago de obligaciones a favor de los trabajadores.
* Abogado. Integrante del Equipo de Legales del SiPreBA
