El Protocolo, un ataque a la protesta y a la libertad de expresión
Por Tomás Eliaschev
Secretario de Derechos Humanos del SiPreBA
Estamos en democracia: no es un favor que nos haya hecho nadie, es un logro de un pueblo que luchó y lucha por sus derechos. Pero esta democracia ¬que muchas veces es más formal que otra cosa¬ se ve amenazada cada vez que un gobernante decide reprimir a los que protestan. Un ejemplo claro de cómo la mentalidad represora perdura es la decisión del presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich de poner en marcha un nuevo “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”.
Lo hemos sufrido en carne propia -en forma de amenaza-, cuando realizamos el 3 de marzo una movilización desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo reclamando contra el vaciamiento del Grupo Veintitrés, para que el Estado se haga cargo de la dramática situación de sus trabajadores. Ese día, el Cuerpo de Infantería se puso a centímetros de la movilización: no nos prestamos a la provocación y no pasó a mayores. Pero nos quedó clara la hostil actitud policial ante nuestra marcha, que como las de tantos otros trabajadores buscaba evitar despidos y protestaba por la falta de pago de salarios y aguinaldos.
La nueva política represiva comenzó con los disparos de goma a mansalva contra los trabajadores de Cresta Roja y siguió con distintos episodios, como la represión en La Plata contra los maestranzas y la violación del derecho a protestar de los trabajadores del Ministerio de Educación, a quienes la policía encerró para que no se unieran a una movilización.
Además de ser una restricción tras otra al derecho a la protesta, el nuevo protocolo implica un grave atentado a la libertad de expresión, al determinar que los medios deberán estar en una “zona determinada”. Ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: los asesinatos de Darío Santillán, Maximiliano Kosteki y Mariano Ferreyra estarían impunes si reporteros gráficos y camarógrafos no hubieran podido registrar lo que pasó. Con el nuevo protocolo, el gobierno macrista busca limitar a la prensa y a la vez permitir que las fuerzas policiales sigan haciendo espionaje a los militantes populares.
Por eso, no bien tuvimos conocimiento de esta nueva normativa, la rechazamos. El 17 de marzo realizamos una audiencia en el Congreso de la Nación, junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Círculo de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), la Asociación de Prensa de Santa Fe, el Sindicato de Prensa de Rosario, medios comunitarios, organismos de derechos humanos, sindicatos y diputados nacionales. Allí, expresamos nuestro absoluto repudio al protocolo en su conjunto y a las limitaciones
que supone para el periodismo en particular. Los trabajadores de prensa organizados somos la mejor garantía para defender la libertad de expresión del pueblo.
Foto: Daniel García (ARGRA)
