El SiPreBa denuncia dos graves agresiones contra trabajadores de prensa que se produjeron en estos días. Repudiamos la impunidad de los agresores y defendemos el trabajo periodístico y la libertad de expresión de los compañeros/as, puesta en riesgo.
El SiPreBa denuncia dos graves agresiones contra trabajadores de prensa que se produjeron en estos días. Repudiamos la impunidad de los agresores y defendemos el trabajo periodístico y la libertad de expresión de los compañeros/as, puesta en riesgo.
El pasado fin de semana en El Bolsón, Río Negro, el automóvil con el que se movilizaba Alejandro Pairone, colaborador de la revista Noticias, fue atacado a piedrazos, mientras estaba estacionado y sin nadie en su interior. Los vidrios, la guantera y el estéreo resultaron destruidos, sin que le hayan robado nada.
El compañero Pairone se encuentra en dicha provincia investigando los emprendimientos inmobiliarios que el magnate inglés Joe Lewis busca llevar adelante en una reserva natural, emprendimientos que vienen siendo repudiados masivamente por el pueblo de la Comarca Andina en numerosas movilizaciones en defensa de la tierra y el agua.
El ataque se produjo frente a la FM Alas, emisora que ha recibido numerosos ataques, al igual que otras radios comunitarias de la zona que denuncian los negociados inmobiliarios. Ese mismo día se denunció un incendio intencional de la chacra de uno de los participantes en la protesta.
Por su parte, en Ezeiza, la periodista Lúcia de Souza Madeira, de la revista THC, fue agredida mientras trabajaba en la cobertura del allanamiento en el que fue detenida la cultivadora y activista Adriana Funaro, quien provee gratuitamente aceite de cannabis a familias que lo necesitan para llevar adelante tratamientos.
Según denunció la revista, el agresor es Héctor Osvaldo Laporta, un vecino que dijo estar relacionado al intendente y ex ministro de seguridad bonaerense, Alejandro Granados. Cuando la compañera de la THC intentó tomar una fotografía, Laporta sacó un arma de fuego y frente a las fuerzas policiales y a una veintena de testigos congregados en el lugar disparó al piso. Sin embargo, los policías presentes no lo detuvieron.
La impunidad fue luego garantizada por el titular de la Comisaría 5ta de Ezeiza que ordenó a sus subalternos que no le tomen la denuncia a la compañera. Y buscando intimidar a la compañera, envió un agente a entregarle una citación de la UFI Nº2 de Ezeiza a cargo del fiscal Carlos Alberto Hassan para que se presente a declarar en la dependencia judicial acusándola del delito de “coacción” y “violación domicilio”.
Exigimos el cese de las agresiones contra la prensa: que las fuerzas policiales y el poder Judicial investiguen estos hechos y dejen de brindar impunidad a los agresores. Sólo las y los trabajadores/as de prensa organizados podemos garantizar la defensa de la libertad de expresión.
