En cumplimiento de las Resoluciones de la asamblea General Abierta convocada por el SiPreBA y desarrollada en la puerta del edificio donde funcionan Tiempo Argentino y Radio América se realizaron asambleas en las empresas periodísticas con la presencia de los compañeros/as de Tiempo Argentino y América.
En cumplimiento de las Resoluciones de la asamblea General Abierta convocada por el SiPreBA y desarrollada en la puerta del edificio donde funcionan Tiempo Argentino y Radio América se realizaron asambleas en las empresas periodísticas con la presencia de los compañeros/as de Tiempo Argentino y América.
Asamblea de la Agencia Telam
Asamblea de la Televisión Pública
Asamblea de Página 12
Asamblea Publiexpress
Asamblea Telefé
Asamblea La Nación
La Asamblea General Abierta también resolvió convocar a participar masivamente en la próxima movilización, cuyo día, horario y lugar lxs trabajadorxs de Tiempo y América resolvieron que sea el
Los otros puntos aprobados por unanimidad fueron: impulsar un fondo de lucha para los compañeros de Amenábar 23, editar un afiche denunciando la responsabilidad política del gobierno de Mauricio Macri en el encubrimiento a Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas y solidarizarse con los reclamos de los y las trabajadores/as de Infonews y Veintitrés y todas las luchas en curso.
En este contexto, la Defensoría del Público solicitó medidas urgentes al ENACOM y puso en conocimiento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH del ataque a la libertad de expresión en Radio América.
Por otra parte, el organismo reiteró el pedido realizado hace un mes al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que informe las medidas tomadas en pos de una solución del conflicto en Radio América o “adopte medidas urgentes y efectivas que garanticen la continuidad del servicio de comunicación y la seguridad de los y las trabajadoras”.
La Defensoría considera que se trata de un ataque gravísimo a la libertad de expresión y recalca la irresponsabilidad de los licenciatarios y el rol clave que tiene el Estado como garante del derecho humano a la comunicación y del ejercicio del pleno derecho a la libertad de expresión, establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
