El magistrado tomó la decisión en el contexto de la causa por el ataque de una patota al mando del defraudador el 4 de julio de 2016 en horas de la madrugada contra las instalaciones del periódico y de la emisora radial, y la hizo extensiva al comisario de la Policía Federal, Jorge Azzolina -nexo entre Martínez Rojas y la patota- y a los 15 sujetos que integraban la banda que perpetró el peor ataque a dos medios de comunicación en la Argentina desde 1983, año del regreso de la democracia.
El fallo dispone además embargos de hasta ocho millones de pesos aunque no ordena la prisión preventiva de ninguno de los imputados.
En una resolución contenida en 80 hojas, el juez Martínez de Giorgi concluyó que los patoteros “invadieron el inmueble sito en la calle Amenábar 23 de esta Ciudad, violentando los cerrojos de acceso y cambiando las cerraduras, y expulsaron de su interior a Norma Fernández, Gabriel Agüero y Nahuel De Lima, despojando de tal modo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada de la posesión del mismo”.
La salida del dictamen judicial coincidió con la masiva manifestación popular en Plaza de Mayo contra la aplicación de políticas que -entre otros perjuicios y solo en el sector de prensa- ocasionó la pérdida de casi cuatro mil puestos de trabajo en todo el país, entre los que se destacan los de los más de 800 propiciados por el procesado Mariano Martínez Rojas y por los ex propietarios, Sergio Szpolski y Matías Garfúnkel, en el Grupo 23.
