Ante la criminalización de la opinión por parte de miembros del Poder Judicial y de medios que integran el círculo de poder económico en la Argentina, recordamos la plena vigencia de las garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales en materia de libertad de expresión. Ello supone el rechazo a cualquier acto que ponga en peligro la libertad de pensamiento y de expresión de las personas, o que procure su intimidación o silencio.
La persecución de periodistas por la vía judicial o mediante la violencia simbólica, que ejercen ciertos multimedios sobre los trabajadores de prensa, intentando evitar la información y la opinión sobre temas que afectan a esferas del ámbito económico y/o político, resultan inaceptables en una democracia.
Es notable el desconocimiento jurídico y el oscurantismo ideológico de quienes tratan de impedir el avance de investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por ex agentes de inteligencia o la producción de opiniones sobre la circulación de discursos intimidantes, violentos, o motivadores del odio social.
La Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo creado por la Ley 26.522 en la órbita del Poder Legislativo, es víctima de un incalificable ataque judicial y mediático al ejercer funciones propias de su mandato en relación con el examen de discursos de odios y noticias falsas, problemática que ocupa a los gobiernos democráticos del mundo entero.
Relatores de Libertad de Expresión de los cinco continentes han coincidido en que “la desinformación y la propaganda a menudo se diseñan e implementan con el propósito de confundir a la población y para injerir en el derecho del público a saber y en el derecho de las personas a buscar y recibir, y también transmitir, información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, que son derechos alcanzados por las garantías legales internacionales de los derechos a la libertad de expresión y opinión” (CIDH:2017)
En el mismo sentido, la ONU denunció que “se están explotando los medios sociales y otras formas de comunicación como plataformas para promover la intolerancia. Los movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca están avanzando, y el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, los migrantes, los refugiados, las mujeres y todos aquellos etiquetados como “los otros”. (ONU;2019)
Condenamos con toda firmeza los agravios al Estado de Derecho que se llevan adelante con el único fin de someter a la opinión pública y socavar la Democracia.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) – Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) – Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) – Red de Carreras de Ciencias de la Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) – Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia – Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) – Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires (CADyPBA) – Asociación Argentina de Teledifusoras Pyme (AATECO) – Coordinadora nacional de televisoras alternativas (CONTA) – Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) – Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) – Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba – Colectivo Más Democracia, Córdoba – Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy – APDH Regional Jujuy – Wayruro Comunicación Popular – CNP 25 de Mayo Jujuy – Asociación civil Nuestra Voz ( Resistencia Chaco) – Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios, Universidad Nacional de Quilmes – Frente Telefónico, Agrupación de Trabajadorxs de las Telecomunicaciones en FOETRA Sindicato Buenos Aires
