Alertó que el Consejo de la Magistratura pidió el expediente impulsado por el SiPreBA por los despidos ilegales en la agencia como material de prueba en el juicio político que sigue a Enrique Arias Gisbert y Néstor Rodríguez Brunengo, los magistrados que avalaron las medidas cautelares presentadas por los trabajadores.
NUEVO INTENTO DE DISCIPLINAMIENTO A LOS JUECES. *
ASAMBLEA GENERAL EL MIÉRCOLES 6/3 A LAS 13:45 EN BOLÍVAR 531 PISO 3
El gobierno nacional ensaya un nuevo intento para presionar y disciplinar a los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo. Esta mañana el Consejo de la Magistratura de la Nación pidió como material de prueba el expediente laboral impulsado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires por los despidos ilegales en Télam como mensaje de progreso en el juicio político que se sigue a Enrique Arias Gisbert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, los magistrados que avalaron las medidas cautelares presentadas por los trabajadores de Télam.
La maniobra se suma a un pedido de recusación de esos mismos jueces, por presunto sesgo contrario al gobierno, y que fue recientemente rechazada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En ese contexto, ahora, el gobierno intenta diseminar todas las causas vinculadas a Télam por diferentes juzgados con la finalidad, más no sea en términos estadísticos, de conseguir -entre esa diversidad- algún fallo favorable.
El operador judicial es el abogado Juan José Etala, un amigo de Mauricio Macri que le hace saber a los jueces, prepotencia y juicio político mediante, los intereses de la Casa Rosada. Su trabajo fue recientemente premiado con la designación, consignada en el Boletín Oficial, como miembro de un consejo asesor “amarillo” del ex Ministerio de Trabajo para sugerir reformas legislativas (todas, claro, con el propósito de “flexibilizar” derechos).
El gobierno promueve ahora que la Mesa General de Entradas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo sortee todos los expedientes vinculados con Télam asignando a cada uno un destino diferente para apartar, ya sin una recusación directa, a los jueces que le molestan. El movimiento puede demandar presentaciones, contestaciones, vistas, traslados y probablemente termine resolviéndose luego de varios días en una reunión del pleno de la Cámara hasta que los expedientes tengan una asignación de juez definitiva.
No es la primera ni será la última de las acciones por las que el Poder Ejecutivo, falto de argumentos de derecho, para condicionar a los magistrados que deben fallar. Ya les mostró cuál es la suerte de los jueces que no se disciplinan: el juicio político y la amenaza de destitución.
Nos toca a las trabajadoras y los trabajadores de Télam, más allá de contrarrestar en tribunales las acciones en ese sentido que en los próximos días vaya impulsando el gobierno, por sí o por terceros, adoptar las medidas colectivas que preserven el puesto de trabajo de cada compañera y compañero.
La realidad nos reclama el estado de alerta. Declaramos el estado de Asamblea Permanente y convocamos a una nueva Asamblea General el miércoles a las 13.45 en el tercer piso del edificio de Bolívar 531.
Comisión Gremial Interna – Sindicato de Prensa de Buenos Aires
